Legislación estatal

Muchas de las normas de la Unión Europea en materia de medio ambiente se publican a través de las denominadas directivas que constituyen legislación vinculante de la UE, es decir, los objetivos marcados en las mismas deben alcanzarse en un plazo determinado por los diferentes estados. Entre otras cuestiones, los estados miembros deben adaptar su legislación nacional al contenido de la directiva correspondiente en un proceso denominado transposición.

Así, la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres constituye la transposición de la directiva Aves [79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres], si bien con no pocos problemas a juicio de la Comisión Europea. Ello obligó a introducir modificaciones de la misma tanto en la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social como en la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, para resolver adecuadamente las insuficiencias señaladas por la Comisión.

Mediante el Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, se incorporó al ordenamiento jurídico interno español lo dispuesto en la Directiva Hábitat [Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y la flora silvestres], dando carta de naturaleza legal a la red Natura 2000 en España.

Inmediatamente después, se publicó la Ley 38/1995, de 12 de diciembre, sobre Derecho de acceso a la información en materia de medio ambiente que transponía La Directiva 90/313/CEE, del Consejo, de 7 de junio de 1990, sobre libertad de acceso a la información en materia de medio ambiente, regulando cuestiones de no poca importancia en la gestión y control del medio ambiente.

Posteriormente el Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio, por el que se modificaba el Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, actualizaba entre otras cuestiones los anexos I y II mencionados en aquél.

Recientemente se ha publicado la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad que establece el régimen jurídico básico de la conservación, uso sostenible, mejora y restauración del patrimonio natural y de la biodiversidad española, como parte del deber de conservar y del objetivo de garantizar los derechos de las personas a un medio ambiente adecuado para su bienestar, salud y desarrollo, derogando la antigua ley 4/1989.